Entre los llamados observadores independientes de los pseudorreferéndums rusos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania se encuentran periodistas rusos, empresarios, politólogos, así como ciudadanos prorrusos de terceros países, incluidos los autoritarios. La farsa ilegal del Kremlin en territorio ucraniano no es reconocida por ningún Estado democrático del mundo.

Para legitimar los pseudorreferéndums que Rusia lleva a cabo en las regiones ucranianas ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) los medios rusos dedicaron docenas de noticias al tema de los «observadores independientes». Todos los artículos de los medios pro-Kremlin se redujeron a una sola cosa: los observadores prorrusos supuestamente demostraron la «legitimidad» y la «transparencia» de los pseudorreferéndums en los territorios de Ucrania ocupados por las tropas rusas.

«En el referéndum en el RPD trabajan 133 observadores extranjeros»- ria.ru

Todos estos observadores fueron traídos por la misma Rusia. De hecho, son actores y admiradores del Kremlin desde hace mucho tiempo, que no tienen relación con las delegaciones oficiales de los países democráticos. El 7 de septiembre, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania nombró a algunos extranjeros a los que Rusia se disponía a hacer pasar por «políticos» durante estas votaciones. Ellos no tienen un peso político o diplomático real.

El 26 de septiembre, el Comisionado de Derechos Humanos de la Verjovna Rada de Ucrania, Dmytro Lubynets publicó una lista de extranjeros que, en violación de la legislación ucraniana y el derecho internacional humanitario, participaron en los «referéndums» rusos en las regiones temporalmente ocupadas de Ucrania. Entre los «empresarios», «politólogos» y «activistas» europeos, la lista reveló un gran número de corresponsales extranjeros de los medios de comunicación estatales rusos que reciben financiación directa del Kremlin.

Por ejemplo, Eliseo Bertolasi —a quien los medios rusos presentaron como «el periodista italiano» y «el observador extranjero oficial»— resultó ser corresponsal del medio de propaganda rusa estatal, Sputnik. La misma historia con la observadora oficial de Letonia, Alina Gerlinia, quien ocupa el cargo de editora en jefe adjunta del medio estatal ruso con enfoque en los países Bálticos, Baltnews que también se financia con el presupuesto estatal ruso. La observadora del Reino Unido era Vanessa Wili, la editora del sitio web 21st Century Wire, donde se publican no solo las noticias falsas de la propaganda rusa, sino también se promocionan las teorías de conspiración de cualquier gusto — desde “masones en el gobierno británico” hasta la «pandemia ficticia» de COVID-19.

Los medios rusos también se jactan activamente de que «observadores independientes de Siria, Venezuela e, incluso, Afganistán» observaron el curso de los pseudorreferéndums en Ucrania. Estos tres países están bajo sanciones occidentales por autoritarismo, abuso de poder, opresión de los DD.HH. de su propio pueblo. Los tres Estados mencionados también se encuentran al final de la clasificación en términos del nivel de desarrollo de la democracia. Según el índice de democracia de The Economist Unit de 2021, Siria ocupa el puesto 162º, Venezuela ocupa el puesto 151º y Afganistán ocupa el último lugar en el puesto 167º. Estos países tienen aproximadamente los mismos indicadores en términos de la libertad de expresión y la libertad de prensa: de 180 países, Venezuela está en el lugar 159º, Afganistán en el 156º y Siria en el 171º. Es por eso que «observadores independientes” de estos países no pueden considerarse fuentes independientes y fiables.

Los pseudorreferéndums rusos, al igual que el «referéndum» bajo las ametralladoras rusas en Crimea en 2014, no son reconocidos por ningún Estado civilizado del mundo. Representantes de la Unión Europea, así como de Estados Unidos, dijeron que los países democráticos nunca reconocerían ningún pseudo-referéndum que Rusia intentaría realizar en ciudades ucranianas capturadas temporalmente. Tales votaciones, así como los intentos de declarar nuevas «repúblicas populares» o «integración» a Rusia, serán considerados ilegítimos.